El Gerente Regional de Educación, Juan Ortega Choz, hizo bien en demandar ante el Poder Judicial, la probable inconstitucionalidad de su censura del parte del Consejo Regional de La Libertad que dirige Carlos Álvarez Chávez.
Igualmente respaldó al Presidente Regional José Murgia Zannier por consultar al colegio de abogados de La Libertad, sobre la procedencia o no de la interpelación de un funcionario público regional.
Al ser entrevistado Víctor León respondió que, en su opinión, el Consejo Regional cometió exceso al rebasar sus facultades legislativas y fiscalizadoras e irrogarse facultades del Congreso de la República.
El Vicepresidente León, comentó que, como Ortega Choz vió afectado sus derechos de empleado público, hizo una demanda contenciosa constitucional, para que el Poder Judicial dirima si procede o no la interpelación y censura, que acordó el Consejo Regional. La potestad que figura en el reglamento del consejo de interpelar, no está muy legar y se necesita una interpretación legal y constitucional. Por eso el Presidente Regional recurrió al Colegio de Abogados para que le dé su punto de vista.
Lo que va hacerse es precisar hasta donde llegan las facultades del Consejo Regional y que tan fundamentada está la función que crearon de interpelar a los gerentes y funcionarios regionales. Por que una cosa es fiscalizar y otra es evaluar la función administrativa. Lo que están haciendo con Juan Ortega es evaluar su función administrativa y “eso para mi es un exceso, por que la evaluación administrativa de algún funcionario corresponde a los órganos de control como la OCI de la DIRELL y la Contraloría General de la República. Estos entes son los que monitorean y evalúan permanentemente la función de los funcionarios.
León aseveró que este trabajo se ha venido dando “tanto es así que el Órgano de Control encontró algunas deficiencias que fueron comunicadas al gerente de Educación, para que haga sus descargos, en eso estaban y mientras la OCI no acabe esa labor, una persona no puede ser evaluada dos veces por lo mismo. Pero, sin tener un dictamen, se publicó información reservada y el Consejo Regional sancionó, afectando normas elementales del debido proceso.
Ante este conflicto, “creo que hay una controversia que tiene que ser definida por los órganos competentes y por eso hizo bien el Ing. Murgia en acudir al Colegio de Abogados. Entonces es un buen momento para precisar hasta donde llegan las competencias y responsabilidades que podemos tener cada uno de los funcionarios, que finalmente no somos mas que aves de paso, en la misión y compromiso que tenemos de servir y darle gobernabilidad a nuestra región.
León enfatizo que “aquí no se trata de que ver un abuso de poder, lo que tratamos es demostrar una cuota de responsabilidad, por el bien de la Región, por la gobernabilidad y para que las políticas publicas mantengan una línea de trabajo, coherente a la línea de trabajo del Presidente Regional y de todo el Gobierno Regional.
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